La capacidad de las empresas para producir riqueza descansa sobre la libertad para la toma de decisiones con la mínima intromisión del Estado.
Esta libertad ha sido afectada y por ende el crecimiento nacional, por Leyes aprobadas por legisladores designados por partidos políticos. Los diputados designan a los jerarcas judiciales y permiten sus puestos casi vitalicios. Las Leyes han buscado intereses privados, gremiales y familiares que afectan la economía de las empresas y ciudadanos.
Esta libertad se ve afectada por restricciones impuestas en forma no controlada por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, ARESEP, CONASIF. Entidades sin control gubernamental que constituyen cacicazgos poderosos que han causado daño a empresas y ciudadanos.
Los legisladores en 2026 deben reconstruir las Leyes, tales como las pensiones de privilegio para el OIJ. Nadie debe tener el poder para hacer que otros paguen los gustos personales de los diputados, tales como el anterior.
La forma como se eligen diputados ha afectado todas las leyes que deberían controlar efectivamente las entidades que regulan el uso de suelos y otros. La descentralización ya no es necesaria, los sistemas digitales son suficientes para concentrar y digitalizar trámites, no se debe p;ermitir la oportunidad de hacer negocios personales con permisos, concesiones y licencias.
La adquisición de una propiedad se ve afectada por la cantidad de permisos que hay que obtener y generalmente eso no es gratis. Todo se agiliza como se mostró en el caso Diamante en Casa Presidencial bajo el gobierno PAC.
El Poder Ejecutivo ha logrado reducir el exceso de trámites, de los cuales muchos han sido denunciados por los empresarios.
La libre competencia se distorsiona con las regulaciones estatales producto de la ineficiente la gestión de las Leyes. SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, CONASIF, son entidades-estado las cuales emiten y gestionan las modificaciones a la Ley que los regula ante diputados incompetentes que han permitido normas permisivas. Estas entidades emiten sus propios planes de trabajo, metas, objetivos, estrategias y ellos mismos evalúan sus propios resultados, careciendo de una contraloría fuerte y competente.
Las acciones del Estado deben ser minimizadas con el propósito de facilitar la eficiencia de las fuerzas del mercado y la bondad de sus efectos esperados. Por las deficiencias en la legislación, nadie tuvo acceso a la información de la quiebra de Coopeservidores, caso que afectó a los ahorrantes nacionales. Afectó a empresas y ciudadanos, la pérdida de esos recursos desmejoran la calidad de vida e inversión en infraestructura nacional. La labor del Estado es distorsionada por el efecto de Leyes que favorecen el saqueo de las entidades que acumulan capital, Bancos, Coopes, empresas públicas. Un efecto se observa en la carencia de responsabilidad de los Bancos ante el robo digital de los ahorrantes.
Los fondos se han convertido en fuente de riqueza y financiamiento privilegiado.
¿El motivo?
En las carteras de inversión de entidades públicas y privadas, hay inversiones directas o indirectas en entidades que pueden terminar en la quiebra, como ALDESA, DESYFIN o la Coope mencionada.
Se publican comentarios sobre un liberalismo utópico, se propone el cierre del MEP, Universidades Públicas, Caja del Seguro Social, el pago de cero impuestos.
Conocemos que los Colegios, Universidades, Hospitales, Laboratorios y muchos servicios privados son eficientes, compiten con calidad y precio en el mercado, se desempeñan en un ambiente que favorece y promueve su expansión, pero mientras haya ciudadanos que no pueden ser atendidos por ellos, es necesario que el Estado proporcione -dentro de lo razonable- los servicios que promuevan la calidad de vida para todos los ciudadanos sin exclusiones.
La contratación administrativa ha sido la meta de los partidos políticos, se necesita mucha legislación para reconstruir eN forma eficiente lo que se hizo mal desde el inicio. La construcción de carreteras y otras obras, son ejemplo conocido.
La falencia en legislación, a favorecido el despilfarro en lo que se consideran los centros promotores de los mandatos del foro de Sao Paulo, organización pro socialismo fundada por Fidel Castro y Lula Da Silva. Esos gastos restan recursos que pertenecen a las empresas y ciudadanos.
La legislación penal debe favorecer y garantizar que los fondos públicos no puedan ser destinados con fines políticos o como dicen los socialistas: con propósitos sectarios.
La génesis del Rodriguismo nace como parte de la identidad nacional: el deseo de satisfacer necesidades personales, familiares y colectivas hasta los niveles más elevados que permita la retribución por las labores que desempeñamos.
Los empresarios generan nuevas formas de crear riqueza y con ello crece nuestra capacidad para producir bienes y servicios de utilidad a nivel local e internacional. Los ciudadanos se capacitan para formar sus propios negocios o para desarrollar su actividad en las empresas.
Somos una sociedad productiva que cree en la libertad como herramienta para impulsar el crecimiento económico.
Se trata de realizar la inversión en infraestructura aplicando como criterio de selección el valor presente de los flujos de beneficios sociales y económicos generados por la canasta de proyectos de inversión. Objetividad: eliminar los lamentos y lágrimas que provocan el mal uso de los recursos que deben cumplir con su propósito de eficiencia nacional con proyección al mercado internacional.
Venimos de un pasado lleno de distorsiones económicas mundiales, se ha gastado lo que nadie tiene y hay burbujas a punto de estallar en regiones importantes del orbe. Tenemos que ser cautos y eficientes para ser exitosos en un ambiente que pretende seguir viviendo de fiado, trasladando el pago de los gastos hacia los futuros ciudadanos, los que a ese paso terminarán en pobreza extrema.
Bloques y países toman decisiones que van a afectar a los incautos, los países terminarán siendo más pobres si no toman medidas de saneamiento inmediatas.
